Más que un ejercicio de democracia directa, la revocación de mandato promovida por el Presidente, los gobernadores y los militantes de su partido se ha convertido en un efectivo instrumento de propaganda.
La movilización de la maquinaria partidista ha sido tan eficiente, que a pocos días de que concluya el plazo para la recolección de las firmas requeridas, al Instituto Nacional Electoral llegaron 6.1 millones, es decir, el doble de lo requerido.
El órgano electoral tendrá que verificar que detrás de cada firma de papel y de cada registro digital existe un mexicano o mexicana de carne y hueso. No importa si las firmas vinieron de oficinas gubernamentales, de las filas de vacunación o de padrones de programas sociales. Todo indica que la validación será un mero trámite.
Diseñado como un mecanismo de democracia directa, la revocación de mandato es un instrumento que permite a los ciudadanos solicitar la conclusión anticipada de un mandato. Esto puede ser detonado por un escándalo de corrupción, por una crisis de derechos humanos o por una gestión desastrosa. En países con democracias jóvenes o débiles, la línea entre el legítimo derecho a la participación ciudadana y el control partidista es muy débil. No en balde, solo cuatro países de la región latinoamericana lo incluyen a nivel presidencial: Bolivia, Ecuador, Venezuela y ahora México. Los candados con los que cuentan estos países que no se distinguen por altos niveles de igualdad y democratización, incluyen de entrada la recolección de firmas de entre el 15 y el 20 por ciento del padrón electoral. En segundo término, coinciden con el motivo: rechazo al presidente en turno.
En México solo se requiere el 3 por ciento del padrón electoral proveniente de 17 entidades del país. La Ley Federal de Revocación de Mandato señala que la terminación anticipada del mandato presidencial se justifica por la “pérdida de confianza”. Por surrealista que parezca, se está frente a uno de los presidentes más populares de los últimos 20 años aunque los resultados de su gestión no son los óptimos.
El costo de realizar la revocación conforme quedó establecido en la ley es de 3 mil 830 millones de pesos. Esto es porque la legislación obliga a la capacitación e instalación de un número de casillas similar al que se necesita para una elección presidencial, esto es 161 mil 490. Los costos más altos del ejercicio están en la contratación de capacitadores y los materiales para la instalación de las mesas receptoras.
El Congreso ha llevado al INE a un callejón sin salida: por un lado, exige estándares de control, promoción y organización electoral especializada, pero por el otro, no le aprueba el presupuesto necesario.
La decisión del INE de posponer temporalmente la revocación fue un llamado de auxilio a que o le den más recursos o a que modifiquen los requerimientos para cumplir con la ley; sin embargo a pesar de ello, la decisión estará en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en ningún momento ha dicho que se tiene que realizar la revocación, sino que simplemente no se puede pronunciar hasta que las firmas estén acreditadas.
Lo preocupante de esto es que, en el trayecto, se ha intensificado la campaña de desprestigio a la institución electoral. Al tratar de salvar sus carreras individuales, algunos consejeros han querido seguirle el juego al Presidente ignorando que es no solo la autonomía e independencia de la institución la que está en juego, sino la base misma de la democracia.
A los ciudadanos, los legisladores les regalaron un instrumento de ratificación de mandato con una permanente campaña electoral que nadie necesita. De paso, la ejecución de la revocación significa la demolición de las instituciones electorales. Esto no es más que un regalo envenenado.