Cuando Sandra aceptó rentar su vientre por más de 150 mil pesos pensó que el dinero no le caería mal, podría dejar su trabajo como cajera de un supermercado y así pasaría más tiempo con su hija de seis años. El nombre real de Sandra fue modificado a petición de ella y por su seguridad.
Era una tarde de junio y la mujer de 22 años estaba en la banqueta de su casa, en la colonia Azteca, en la periferia de Mazatlán, cuando su mejor amiga le platicó a ella y a otras mujeres que la dueña de una joyería en una zona exclusiva estaba en busca de alguien que “se dejara meter un bebé por 150 mil pesos”. Sandra levantó la mano.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica es parte de las técnicas de reproducción asistida (TRA).
A las mujeres que rentan su vientre a terceros, en este caso Sandra, se les conoce como madres gestantes.
Sandra no leyó el documento que firmó, solo supo que por todo el procedimiento le darían 180 mil pesos, 30 mil más de lo que le habían ofrecido al inicio.
En 2013, el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, modificó el Código Familiar para permitir el alquiler de vientres, como se detalla en los artículos 282 al 297.
No obstante, solo se permite cuando una mujer padece contraindicaciones físicas o médicas para embarazarse.
En Tabasco, aunque la gestación subrogada se legisló desde 1997, fue hasta una reforma al artículo 380 Bis del Código Civil en 2016 que se obligó a los notarios públicos a informar sobre los contratos de los procedimientos de gestación al Registro Civil.
Desde esa modificación a la fecha se han registrado únicamente 25 nacimientos por esa vía.
Nacimientos que no se cuentan
En el caso de Sandra no se siguieron todos los procesos legales. Además debido a que la familia de la solicitante tenía relación con otros médicos, llevaron a Sandra a Guadalajara a realizarle la transferencia de óvulos fecundados en una clínica privada. La práctica no está regulada en Jalisco.
Una vez que concluyó el procedimiento médico, Sandra escuchó que existía la posibilidad de que fuera un embarazo doble, ya que le habían colocado dos embriones, aunque jamás le preguntaron si estaba de acuerdo.
Una vez terminado el ciclo de transferencia de embriones, los médicos le advirtieron a Sandra que no podría estar de pie por varios días, así que tuvo que renunciar a su trabajo en el supermercado De vuelta en Sinaloa, la solicitante le aclaró a Sandra que no le pagaría hasta que la prueba de embarazo resultara positiva.
Nerviosa por la incertidumbre económica y laboral, Sandra se hizo un examen de sangre que dio positivo, ahí también supo que tendría gemelos. En ese momento, le entregaron la primera de las mensualidades de 15 mil pesos que recibió durante el embarazo, un ingreso 72% más de lo que habría ganado con su empleo anterior.
En noviembre de 2018, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud e incluir la figura de la reproducción humana asistida. Ahí se señala que en México se realizan hasta 80 mil procedimientos al año.
Los argumentos de Sánchez Cordero para legislar esta práctica son las tasas de infertilidad y el derecho a formar una familia, a los que dedica seis de las 20 páginas de la propuesta.
Sin embargo, omite que son las mujeres precarizadas de México quienes acceden a estos procedimientos con desconocimiento y debido a su situación de vulnerabilidad económica.
Únicamente en una página se alude a la intención del Estado de evitar que las mujeres sean explotadas con fines de reproducción.
