Consolidadas como santuarios del hacinamiento, desprovistas de normas sostenidas de higiene y relegadas a los últimos lugares de atención sanitaria, las cárceles de América Latina y el Caribe podrían convertirse en uno de los focos de mayor impacto por la pandemia del Covid-19 para una población penitenciaria regional de casi un millón 600 mil reclusos.
Perdidos entre las aglomeraciones humanas, marginados a los rincones del desamparo urbano y olvidados por las políticas públicas de socorro social, los indigentes engrosan una de las comunidades latinoamericanas y caribeñas con más riesgo. Ocultos en las redes regionales clandestinas del contrabando de hombres y mujeres de América, obligados a viajar en precario y sometidos al sigilo por los traficantes, los indocumentados cubanos, haitianos, africanos y asiáticos quedan expuestos.
Aunque las autoridades sanitarias internacionales alertaron que cualquiera que ignore las reglas básicas de higiene y protección podría enfermarse, el escenario es inquietante para los privados de libertad, en situación de calle o en las cadenas migratorias. “La población penitenciaria es vulnerable. Son personas que conviven muy cerca unas de otras”, dijo la médica costarricense Dixiana Alfaro, jefa nacional de los Servicios de Salud Penitenciarios del Ministerio de Justicia de Costa Rica.
“No es lo mismo una habitación de una casa, en la que pernocta uno o máximo dos individuos, que las habitaciones de los penales en las que, aunque son más grandes, pernocta un gran número y la posibilidad de contagio es mucho más alta”, explicó a El Universal.
Por el Covid-19, el sistema penitenciario de Costa Rica implantó hace semanas un control de sanidad e higiene para internos y empleados.