Los ponentes de la Mesa 10 de las Audiencias sobre la Guardia Nacional, saludaron la propuesta de que el mando de ésta sea civil, pero insistieron en la necesidad de cuidar los derechos humanos y establecer claros protocolos del uso de la fuerza.
Consideró que la Constitución mexicana se debería modificar para fortalecer a las policías locales, porque son éstas las que enfrentan los delitos del fuero común, que representan 90 por ciento de los actos ilícitos en el país.
En el encuentro titulado “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, organizado por la Cámara de Diputados, señalaron el riesgo de modificar el Artículo 21 de la Constitución, que permitiría a las Fuerzas Armadas realizar acciones de investigación.
Al respecto, el presidente de El Colegio de Jalisco, Javier Hurtado González, destacó que las Fuerzas Armadas no deben realizar tareas de seguridad pública porque corren el riesgo constante de violar los derechos humanos.
A su vez, Patricia Olamendi, exsubsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, señaló que aunque lleve mando civil como se explicó este viernes, es contrario al Artículo Primero constitucional, que establece la preeminencia de los derechos humanos en todos los casos.
Raúl Sapien, presidente del Colegio Nacional de Seguridad Privada, sostuvo que sin respeto a los derechos humanos, no hay grupo que pueda hacer frente a la delincuencia. Por eso no es importante a qué grupo se le asigne esta labor, sino que sus elementos estén capacitados en derechos humanos.
La consultora en el Sistema Penal Acusatorio, Tania Luna, consideró que en lugar de desaparecerlas, las policías municipales se deben dignificar, profesionalizar y actualizar, porque 90 por ciento de los delitos son del fuero común.
Al respecto, Bernardo León, especialista en policía y justicia cívica, destacó que el Ministerio Público es el gran cuello de botella de la justicia, pues sólo hay ocho mil de estos funcionarios para atender 34 millones de delitos que se cometen en el ámbito local.
A su vez, el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que se debe establecer un plan que se pueda evaluar, para que las Fuerzas Armadas actúen por máximo tres años donde la delincuencia se disipe.
