Representantes de los derechos humanos de 53 países aprobaron y firmaron por unanimidad la Declaratoria Mérida, que permitirá cumplir con perspectiva de derechos humanos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año.
El manifiesto fue aprobado en la 12 Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, trabajos que presidió el ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez.
La declaratoria se denomina «Los objetivos de desarrollo sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos?», precisó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
González Pérez destacó la coincidencia con sus homólogos, de que los principios de los derechos humanos, así como la paz y la seguridad, se configuran como los ejes fundamentales del desarrollo sostenible, para incluir no solo a las personas sino a todo el planeta.
Afirmó que la Agenda 2030 constituye un marco de transformación sin precedentes, aplicable a todos los países, que une las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo a fin de restablecer la armonía y el equilibrio.
Por ello, dijo, la agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, mismas que requieren pronta implementación.
Ante ello, destacó que el papel, como instituciones nacionales de derechos humanos, es servir de puente entre las partes interesadas, oficinas de estadística, la sociedad civil “y particularmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.
