El pasado jueves 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que en México existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al señalar la magnitud y los patrones de estos hechos.
En consecuencia, el Gobierno mexicano rechazó el informe al considerarlo sesgado y parcial, y sostuvo que muchas de las desapariciones están vinculadas al crimen organizado y no a una política de Estado.
El lunes, la presidenta Sheinbaum afirmó que el comité no es la ONU, que tomaron una muestra de solo cuatro estados y en un periodo anterior a la llamada Cuarta Transformación.
Horas después, el presidente del comité, Juan Pablo Albán Alencastro, respondió a la presidenta de México ·con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México”.
Existen patrones sistemáticos
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el especialista en derechos humanos subrayó que lo relevante no es solo el número de casos, sino la existencia de patrones sistemáticos.
También asegura que el análisis al contexto sociopolítico de México ·no se limita a un periodo cerrado·. Explica que la decisión del CED “examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo”.
El informe del comité señala que más de 132 mil 400 personas permanecían desaparecidas hasta febrero de 2026, “una cifra que continúa en aumento sin mostrar señales de reversión”, dijo Albán. Asimismo, alertó sobre la crisis forense en el país, al estimar que existen alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.
