En los últimos años el gobierno ha sido sujeto a numerosos procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado por el actuar de sus servidores públicos, reclamos que han evolucionado de las materias relacionadas con la salud, la seguridad y la prestación de servicios públicos, a las áreas de la procuración de justicia, particularmente por el no inicio de carpetas de investigación y su insuficiente integración.
La Constitución ha estimado que todo servidor público es responsable por los actos u omisiones penales, administrativas y políticas en que incurra en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, el legislador recogió una figura de derecho civil y dispuso que el Estado también será responsable por la actuación indebida de sus agentes públicos, debiendo resarcir los daños materiales, personales y morales que hayan ocasionado, para posteriormente poder ejercer su derecho de repetición.
El sistema de responsabilidades públicas está en desarrollo, y la sociedad sigue cuestionando su eficacia. Causas, seguramente las habrá y muchas, quizá las más visibles son las relacionadas con la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y el poco respeto al estado de derecho, pero no son las únicas.
No es suficiente implementar cambios normativos que endurezcan las sanciones y amplíen los delitos, así como los supuestos de responsabilidad. El Gobierno debe encabezar el fortalecimiento del sistema de responsabilidades en su vertiente preventiva, para que impacte principalmente en las áreas más visibles y sensibles de su actuar estatal.
La degradación en la calidad de los servicios públicos está relacionada con la capacidad real de operación de los sistemas administrativos, los cuales prácticamente se encuentran en el abandono. No se puede exigir el inicio, la integración, el seguimiento y el éxito de las investigaciones ministeriales en forma profesional, si no existe lo mínimo indispensable para desplegar su trabajo.
La corrupción y la impunidad están asociados a la incapacidad administrativa, aquí es donde se debe también redireccionar los esfuerzos públicos, sin que esto signifique que el mal servidor público tenga patente para corromper y extorsionar. Es impostergable implementar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la auditoría social en todo el actuar de los servidores públicos.
Es una tarea pendiente que requieren los órganos de procuración de justicia: federal y estatales, así como toda la administración pública. Esto significa reacomodar el sistema administrativo para evitar demandas patrimoniales y señalamientos injustos por aparentes acciones u omisiones en el servicio público que, en muchas ocasiones, son acompañadas de reclamaciones mal intencionadas, que solo tienen como única finalidad la obtención de un lucro indebido.