Responsabilidad para alcanzar la justicia hídrica

Responsabilidad para alcanzar la justicia hídrica

El derecho humano al agua es una prioridad, su cabal goce y ejercicio exige de la probidad y responsabilidad de los tres órdenes de gobierno para hacerlo efectivo, lo que implica garantizar que los hogares reciban agua suficiente y de calidad para mejorar su vida cotidiana.

El Plan Nacional Hídrico, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce al agua como un derecho y un bien de la nación; de entre sus objetivos destacan: ordenar su gestión, mejorar su aprovechamiento y proteger las fuentes que sostienen la vida humana.

En tal virtud, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad ha convertido esta visión en un compromiso de colaboración entre gobiernos, sectores productivos, academia y sociedad, a fin de posibilitar el derecho de las personas al agua y otros muchos derechos que de ahí derivan, como la salud y la alimentación.

La problemática que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara obliga a traducir el compromiso del Acuerdo Nacional en soluciones concretas, lo que implica asumir las responsabilidades en cada ámbito de competencia; sin embargo, para exigir su cumplimiento es importante que la ciudadanía conozca con claridad cómo funciona el servicio y qué le corresponde a cada autoridad.

En los sistemas federales de abastecimiento que operan, Conagua entrega grandes volúmenes que llegan a puntos de recepción mediante infraestructura de conducción: a partir de esos puntos, los organismos receptores deben incorporar el agua al sistema local y hacerla llegar a la población.

La red primaria conduce grandes caudales hacia tanques y sectores de distribución, en tanto que la red secundaria lleva el agua por las calles y alimenta las tomas domiciliarias.

Ambas necesitan mantenimiento, control de presiones, vigilancia de la calidad y atención oportuna de las fugas. Una obra de abastecimiento requiere un sistema local capaz de recibir, distribuir y conservar adecuadamente el agua.

Los municipios tienen constitucionalmente asignados los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; su operación depende de sus convenios y organismos municipales, intermunicipales o estatales.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es el organismo público encargado de administrar, operar y proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que incluye el mantenimiento y administración de fuentes de abastecimiento y redes de conducción y distribución, así como de tratamiento y saneamiento.

Por lo tanto, es en el Siapa donde se deben concentrar las acciones y quien tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre sus resultados.

La corresponsabilidad es una exigencia ética y jurídica a cada autoridad de ejercer sus competencias. La Federación responderá por sus sistemas y compromisos como lo ha hecho hasta ahora; por su parte, el gobierno de Jalisco, los municipios y organismos operadores deben proveer agua suficiente y de calidad a las familias.

La presidenta de la República ha llamado a resolver el problema de la calidad del agua mediante la colaboración entre la Federación y el estado de Jalisco a través de medidas emergentes y con un programa de largo plazo. Una ruta que, se está seguro, atenderá la emergencia y corregirá las fallas que comprometen el servicio.

Nada justifica la represión, lanzar chorros de agua a quienes demandan agua es injustificable. La libertad de expresión es un derecho.