La Cámara Federal de Argentina le retiró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el cargo de “traición a la patria” que le había imputado un juez, pero mantuvo la orden de detenerla de manera preventina por “encubrimiento”.
Los problemas judiciales de la senadora continuaron este fin de año con la decisión de los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah, miembros de la Cámara Federal, quienes confirmaron la imputación de delitos de “abuso de autoridad”, y “estorbo de un acto funcional”.
Además, a pesar de los reclamos de la acusada, confirmaron la orden de procesamiento con prisión preventiva, medida que sólo podrá hacerse efectiva si el Senado vota por desaforar a Fernández de Kirchner.
Esa discusión empezará el 1 de marzo próximo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso argentino, pero hasta ahora el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para expulsar a la expresidenta.
A principios de diciembre, el juez Claudio Bonadío desató una comoción política al solicitar el desafuero de Fernández de Kirchner y su posterior detención e imputarle los delitos de “traición a la patria” y encubrimiento.
El juez aseguró en su fallo que el Memorándum que el gobierno de Fernández de Kirchner firmó en 2013 con Irán fue un pacto para dotar de impunidad a los iraníes acusados del atentado terrorista sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en esta capital, y que dejó 85 muertos.
La orden de Bonadío se sustenta en la investigación que llevó a cabo el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su casa en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado el supuesto pacto de Fernández de Kirchner con los iraníes.
Según Nisman, cuya muerte no se ha esclarecido, la entonces presidenta negoció con Irán la impunidad de los iraníes acusados del peor ataque terrorista sufrido en Argentina, a cambio de acuerdos comerciales.
Múltiples instancias judiciales desestimaron la denuncia de Nisman por inconsistente y falta de pruebas, ya que el Memorándum Argentina-Irán fue aprobado por el Congreso y el canje de venta de granos por petróleo nunca se puso en marcha.
Además, las “alertas rojas” de Interpol para detener a los iraníes implicados en el atentado jamás se levantaron, lo que, según Nisman, era un elemento central del supuesto pacto de impunidad.
Bonadío, un juez antikirchnerista que reactivó la causa apenas Fernández de Kirchner dejó el poder, fue acusado en 2010 por el propio Nisman de amenazarlo y querer obstaculizar la investigación de la causa AMIA.
