Convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el árbitro del mercado, como lo propone la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, comprando toda la electricidad generada en el país, incluyendo aquella que no está actualmente controlada por la empresa estatal, representaría un retroceso de 30 años en la evolución del sistema eléctrico mexicano, afectando gravemente la inversión, las señales de precio y la confiabilidad del abasto.
La solución a las distorsiones del mercado que pretende la reforma, enfatizó Luis Miguel Labardini Deveaux, socio en Marcos y Asociados Consultoría Energética, “no pasa por la destrucción de un sistema que México como nación ha venido construyendo en las últimas tres décadas”.
Los mexicanos perderán al árbitro que procura los mejores precios de servicio eléctrico si la Comisión Federal de Electricidad absorbe al Centro Nacional de Control de Energía.
El especialista explicó que en materia de inversión, la incertidumbre provocada por la falta de un regulador y de reglas eficientes de despacho dispararía hacia arriba el riesgo de las inversiones en el sector, y “haría inviable la inversión privada en nuevas centrales privadas”.
En un análisis sobre la propuesta de reforma eléctrica, el especialista considera que existen reclamos puntuales de esta administración respecto del funcionamiento del mercado: los incentivos fiscales a las fuentes renovables, el abuso de la figura de “autoabastecimiento” y los contratos que CFE y Sener han sido calificados de “leoninos”.
Pero sin duda, explicó, los generadores privados también tienen su propia lista de agravios, que incluyen las altas penalidades y la suspensión, en la práctica, de la reforma misma.
Dijo que el Estado puede y debe ejercer su rectoría mediante la regulación del mercado, pero “intentar ejercer la rectoría del Estado mediante la propiedad directa y monopólica de los activos de producción ha resultado históricamente politizada, ineficiente e insuficiente”.
