La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este jueves el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas con el que diversos exfuncionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos.
La investigación de la FGR inició desde noviembre de 2019 en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, detalló la Fiscalía.
Contratos
“Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
Investigación
Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.
“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor ‘Z’, Armando ‘R’, José ‘O”, Ricardo ‘C’, Yareli ‘C’, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo ‘G’, Paulo ‘U’, Emanuel ‘C’, Jesús ‘P’ y Jorge ’N’”, señaló la FGR.
Delitos
La Fiscalía indicó que cada grupo se coordinaba con los otros para realizar los delitos que se persiguen.
Como parte de estos ilícitos, una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, recibió más de dos mil 500 millones de pesos.
Mientras que la indagatoria señala como contratos irregulares centrales dos con los Centros Federales de Readaptación Social por dos mil 950 millones de pesos.