La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene en revisión 45 auditorías practicadas a entes fiscalizables de la Cuenta Pública del 2018, el segundo y último año del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Se trata de 38 auditorías directas y siete coordinadas con el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis).
El titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, informó que además el Gobierno de Veracruz registra 27 auditorías por el ejercicio de recursos públicos, correspondientes a la distribución de participaciones federales.
También hay revisiones por el otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios; del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
Además del Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos; apoyos destinados a centros y organizaciones de educación; programas de cultura; entre otros; los entes municipales registran 18 auditorías al Fism-DF, al Fortamun-DF, al Fortaseg, entre otros.
Refirió que el titular de la ASF, David Rogelio Colemenares Páramo, realiza un puntual proceso de fortalecimiento institucional que, en sus propias palabras, tiene el objetivo de acrecentar su impacto, calidad y dar resultados efectivos sin incrementar el número de revisiones.
Rechazan “corrupción”
El recién nombrado presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, José Emilio Cárdenas Escoboza, rechazó que sean actos de corrupción las irregularidades financieras, administrativas y fiscales detectadas en ese organismo, sino simples “observaciones” que habrán de ser solventadas.
“Me parece de entrada que había que matizar los términos, no es necesariamente actos de corrupción, son cosas que se tienen que solventar”, manifestó el integrante del Comité Ciudadano, quien encabeza a dicho sistema.
Luego que se hicieron públicas las irregularidades detectadas por auditores oficiales en dicho sistema, el servidor público destacó que se trata de temas administrativos que ocurren en entidades públicas, las cuales deberán ser solventadas en el proceso de revisión de la Cuenta Pública del 2018.
“Se tienen que revisar, se tienen que solventar, no necesariamente puede uno calificarlas como actos de corrupción, en todo caso temas administrativos que pasan en todas las entidades públicas que se tienen que solventar; ya llegar a la conclusión que es acto de corrupción es cuando se hayan agotado todas las vías”, manifestó.
