México, como una democracia en constante perfeccionamiento, busca que sus instituciones sean más fuertes, detonen la participación ciudadana y ofrezcan mejores cuentas. En este sentido, figuras como la consulta popular, el referéndum y la revocación del mandato son temas que requieren visión de Estado y buena técnica parlamentaria.
La reforma constitucional en materia de revocación de mandato que recién aprobó el Congreso de la Unión pasó de ser el proyecto de un gobierno a un proyecto institucional, donde los ciudadanos están al centro. Originalmente, la iniciativa planteaba una consulta a modo que ponía al titular del ejecutivo en la boleta en año electoral, que le permitía hacer campaña y que generaría un efecto cascada en elecciones intermedias del 2021.
Frente a esta iniciativa, el PRI dijo no. Los priistas teníamos claro que la revocación de mandato debe ser un instrumento de la ciudadanía, mediante el cual se fortalezcan las instituciones democráticas y no una herramienta de la clase política para debilitarlas ni personalizar el poder político en México.
Nuestros legisladores con visión y con argumentos, siempre pensando en la verdadera voluntad popular, señalaron que esta figura sólo sería viable si se cumplía con mínimo de requisitos. Así, logramos que la revocación de mandato no se pueda convocar en año electoral, que fuera por solicitud expresa de la ciudadanía y que la organizara el INE.
Otra ventaja de este diseño fue evitar el uso malintencionado de las mismas instituciones. Puesto que se impidió que el ejecutivo, a nivel estatal y federal, fuera revocado de su cargo por un bloque de oposición en un ánimo revanchista y no en apego a su verdadero objetivo: evaluar el desempeño de los gobernantes.
Nos mantuvimos firmes al decir que “revocación sí, reelección no”. El PRI es el verdadero defensor del principio de no reelección. Por ello, nos opusimos a que la revocación del mandato fuera un medio disfrazado para que un gobernante buscara apoyo popular para impulsar su reelección amparándose en los puntos ciegos de la ley.
La vía es clara y sabemos que aún tenemos que fortalecer nuestra democracia. Los legisladores priistas seguirán trabajando para que los ciudadanos recobren la confianza y tengan los canales adecuados para exigirles cuentas a sus representantes.
El nuevo reto será emparejar la revocación de mandato con alternativas como la segunda vuelta electoral o el gobierno de coalición. Con ello, se evitaría la dispersión de las fuerzas políticas para así fomentar el acuerdo y la construcción de alianzas que favorezcan a que quien llegue al cargo lo haga con una mayor legitimidad de origen y le concedan mayor capacidad de acción.