El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, informó que prepara un amparo en contra del fallo judicial que lo condenó a pasar dos años nueve meses en prisión por haber sido encontrado culpable de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público por la simulación en la adquisición de un tomógrafo durante su mandato (2004-2010).
El exmandatario panista señaló que en los siguientes días presentará el recurso de defensa para combatir la sentencia judicial emitida por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que además de la pena de cárcel le impuso el pago de 13 millones 800 mil pesos a Gobierno del estado en el proceso penal.
Reynoso Femat asistió al Tercer Informe de Gobierno de la alcaldesa Teresa Jiménez que se llevó a cabo en la Presidencia Municipal, donde destacó que ha sido víctima de persecución política que lo ha llevado a los tribunales.
Así como ha promovido otros juicios ante la justicia federal por sentencias emitidas en su agravio y que ha ganado en esa instancia, ahora de nueva cuenta hará valer sus derechos.
“Lo único que puedo decir es que el juicio no ha terminado, es una sentencia, se va a amparar contra esa sentencia en estos días y veremos casi en un año a ver en qué queda. No hay sentencia definitiva, insisto, hay que esperar un año”, señaló.
Libre bajo fianza
Reynoso Femat se encuentra libre bajo fianza en el proceso penal que instruyó en su contra el Juzgado Segundo por el caso del tomógrafo, dentro de la causa penal 065/2013.
El exgobernador habría sido absuelto en dos sentencias condenatorias por la Sala Penal del STJEA de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
En octubre de 2017, la Sala Penal del STJEA lo libró de culpa en el proceso penal 0088/2014, por lo que el Juzgado Sexto Penal le había dictado de dos años 10 meses 15 días de prisión y, el pago de 18.8 millones de pesos por reparación del daño y la inhabilitación para ejercer un cargo público por un año siete meses, por no tener acreditada su culpabilidad en la venta de bienes inmuebles del Gobierno del estado a un precio por debajo de su valor.
