El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que no se tiene evidencias que en la colocación ilegal de las 571 cámaras de videovigilancia en equipamiento público y urbano, las cuales han sido retiradas en el operativo especial que se tiene, hubo complicidades.
Sin embargo, admitió que no se deja de presumir que, en estas instalaciones clandestinas en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato, se pudo dar casos de corrupción, pero no se tiene la evidencia para demostrar que eso se presentó.
Comentó que se va a continuar con este operativo especial en todo el estado, en estos momentos se trabaja en estos tres municipios, tanto en las áreas urbanas, como rurales, en donde se está desmontado los equipos de vigilancia que fueron colocadas en forma ilegal por grupos delictivos para disponer de su propia seguridad.
Rocha Moya explicó que estas cámaras fueron colocadas en algunos sitios, junto a equipos de particulares para ocultarlas y tener un camuflaje, por lo que se dispuso de un operativo para su rastreo y ubicación.