Brasil se ha convertido en el ejemplo de cómo la opacidad puede socavar los proyectos de desarrollo, pues la aprobación del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff significa un retroceso del país amazónico que tras un periodo de bonanza ha visto un notorio declive en su economía nacional y la credibilidad para con su pueblo.
En ese mismo país, en 1992, el expresidente Fernando Collor salió del gobierno tras sufrir un proceso por corrupción, mientras que en marzo de 2016, en medio del escándalo de corrupción Pretrobras y 11 días después de su detención para ser interrogado por su participación, el expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva fue nombrado ministro de la Casa Civil, equivalente a primer ministro, por el Gobierno de Dilma Rousseff, para obtener inmunidad judicial.
Estas acciones del pasado alcanzaron el presente de Brasil que en medio de una creciente crisis económica, vive una ruptura política que sus ciudadanos paradójicamente festejan, pues ven en el proceso contra su mandatario un acto de justicia.
Se acusa al actual Ejecutivo de maniobras fiscales en el cierre de 2014 y 2015, que le habrían servido para maquillar las cuentas al retrasar el pago de préstamos del Gobierno a bancos públicos.
Según los juristas, esta operación permitió que el gobierno no mostrara a la sociedad que la situación fiscal era peor de lo que decían las estadísticas oficiales en el año electoral de 2014.
El Ejecutivo se defiende diciendo que no cometió ningún delito de responsabilidad, que en todos los gobiernos anteriores se había cometido ese tipo de maquillaje de cuentas para intentar encajar presupuestos.
En caso de que Rousseff fuese apartada, quien asumiría el poder por 180 días para que la mandataria presente su defensa, y en caso de que la gobernante sea destituida; quien terminaría el mandato hasta el 1 de enero de 2019 es el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, partido que era aliado del PT pero que rompió con el Gobierno hace unas semanas.
En este contexto, el jefe de los diputados de Brasil, Eduardo Cunha, entregó al titular del Senado, Renan Calheiros, el proceso de juicio político con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, que fue aprobado por la Cámara baja y deberá ser ratificado por la Alta.
Si fue el caso, del proceso contra Dilma Rousseff que concluya con su responsabilidad y eventualmente sea destituida, el pueblo brasileño podría festejar la partida de un político, pero tendría que sufrir la vuelta al presente de la incertidumbre y reencontrar con trabajo honesto y políticas públicas sentidas la ruta para el desarrollo transparente.
