La estabilidad de una nación se basa en la participación permanente de la ciudadanía en su sistema electoral, ya que constituye el factor más importante de todo país democrático.
La equidad en toda contienda electoral es fundamental; la transparencia en todas las acciones y actos de todos los actores involucrados en los procesos electorales es el principal incentivo de rendición de cuentas que fortalece no solo la democracia, sino que le otorga a la ciudadanía la confianza de que su voto es respetado y cuenta para la opción que eligió.
En este sentido, la fiscalización electoral debe ser un auténtico modelo que garantice equidad, certeza jurídica, igualdad, transparencia y rendición de cuentas.
En el país este modelo ha quedado obsoleto y no cuenta con los elementos suficientes para lograr de manera efectiva verificar el origen, monto y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, así como las personas candidatas independientes, los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones.
Ante la anunciada creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que refiere como objetivo “...la elaboración de un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos…”, es necesario cambiar el modelo de fiscalización electoral vigente por uno que permita una auténtica transparencia y rendición de cuentas de los recursos que utilizan todos los actores que participan en los procesos democráticos.
Hay quienes han propuesto que se incluya y analice algunos rubros para alcanzar una auténtica fiscalización como son:
Establecer un sistema sancionatorio vinculante y que inhiba la comisión de las irregularidades, con una normativa mínima obligatoria legal, para determinadas infracciones que puedan sancionarse, incluso, con la nulidad de la elección.
La fiscalización debe permitir al INE revisar a terceros implicados en las elecciones, aun y cuando no estén directamente vinculados a alguna candidatura.
Debe establecerse en la legislación electoral la cooperación obligatoria y oportuna, con sanciones expresas ante los incumplimientos de instancias como el SAT, la UIF, la FGR, entre otras, para garantizar que el INE cuente con la información fiscal, bancaria y hasta penal de las y los actores participantes.
Es necesario establecer un sistema obligatorio de captura de información en línea de los gastos de campaña en tiempo real.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para maximizar la verificación de todas las operaciones de los supuestos obligados.
La fiscalización electoral debe incorporar una perspectiva de género para prever que los gastos de actividades dirigidas a mujeres, a indígenas, comunidades de la diversidad sexual, entre otras, no sean utilizadas como una simulación en el llenado de informas.
Estos y otros rubros son algunas propuestas para la reforma electoral en la que el INE, invariablemente, deberá participar con dicha Comisión con la aportación de su experiencia en el terreno de la organización y desarrollo de elecciones.
