De acuerdo con fuentes oficiales, en total habrían sido 43 personas las que perdieron la vida durante un enfrentamiento registrado en los límites de los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, en el occidente del estado de Michoacán, entre fuerzas federales y presuntos miembros de un grupo del crimen organizado que recientemente ha llamado la atención.
La violencia que provoca este fenómeno de cuando en cuando se coloca en los titulares, pero se ha vuelto casi rutinaria.
Esa misma violencia causada por el narcotráfico, en Centroamérica ha arrojado un saldo en la última década de más de 125 mil muertos, de acuerdo con exmandatarios de la zona; la cifra, comparada con las que con todo y variantes corresponderían a México en 5 años, de 35 mil, según estimaciones oficiales y de 60 mil, extraoficiales, no deja de ser impresionante, puesto que la de la región del istmo, se dice, supera a la que se produjo durante las guerras civiles ocurridas en la década de los años 80 y todavía después, y la de México sería superior a la de soldados muertos durante la guerra de Estados Unidos en Vietnam.
Adentro y afuera de México hay quienes pareciera que les inconforma que el Estado actúe contra los grupos criminales. Así, durante la adminstración federal pasada había quienes hablaban de una “guerra invisible y absurda que se inventó el expresidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, que ha provocado, desde 2006 hasta el último minuto de su gobierno, la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra al narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común”. Planteado así parecería como si el expresidente hubiera sido quien promovía la violencia y por tanto el culpable, lo cual no deja de ser intrigante en todos los sentidos que tiene dicha palabra.
Frente a eso, no pocas vocen señalaban que resultaba inválido censurar la lucha anticrimen, si no se aportaban propuestas alternativas. “Han surgido discusiones y objeciones, aunque ninguna de ellas ha sido seguida por una propuesta alternativa, y ya no digamos concreta, sino siquiera viable”.
Entre los que criticaban, también había quienes parecían lanzar la idea de pactar con el crimen. Frente a eso les respondieron que un Estado que llegara a negociar con el crimen los términos de su propia seguridad, pone en riesgo a toda la sociedad.
“Esto nos convertiría en un Estado incompetente, débil, irresponsable y para colmo, inseguro”, les respondieron. Así está consignado en reportes periodísticos.
Sin embargo, se entiende que quienes entonces disentían en ese sentido, quienes siguen dado la impresión de que se oponen a la lucha contra el crimen organizado, que critican la acción de fuerza del Estado en contra de los criminales, lo que objetaban era el daño colateral y la violencia de los criminales en contra de la población civil que en efecto, sufría también –aparte de soldados, marinos, y policías– en ese choque irregular, pues mal estarían si tuvieran otras motivaciones.
Es necesario hacer énfasis en que ya en 2006 se advertía que el fenómeno iba a prolongarse. Las expectativas de quienes sí conocen del tema eran en el sentido de que la violencia en el país podría tardar más de una década, y en este sentido recomendaban preparse.
En cuanto a Centroamérica, la exposición de cifras que hicieron los expresidentes en su momento, obedecía a la urgencia de destacar la necesidad de apoyo internacional para enfrentar al crimen organizado. Los países emproblemados siguen siendo Honduras, El Salvador y Guatemala, sin embargo, Nicaragua y Panamá, que no eran mencionados, tampoco están libres de esta lacra.
