La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) sancionó, de octubre de 2024 a junio de 2026, a cuatro mil 193 personas servidoras públicas, de las cuales el 84.1 por ciento (%) correspondieron a faltas no graves y el 15.9 % a faltas graves. Además, impuso sanciones a 84 particulares.
En un informe entregado al Senado de la República, la dependencia federal destacó que sanciona en promedio, cada semana, a tres empresas y personas que suministran bienes y servicios al gobierno.
“En total 286 proveedores, de los cuales 222 fueron inhabilitados. Asimismo, se investigó penalmente a mil 52 personas servidoras públicas y a 82 particulares. Adicionalmente, se impusieron multas por 118 millones de pesos a empresas y particulares que vulneraron la protección de datos personales”, detalló.
Presumió que, en 2026, mediante una fiscalización efectiva, se contribuyó a una gobernanza basada en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Explicó que las revisiones se enfocaron en identificar riesgos, promover acciones preventivas y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales en las áreas de mayor impacto y relevancia en la gestión pública, con el propósito de asegurar que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en beneficio de la ciudadanía.
“Como resultado de los 855 actos de fiscalización realizados, se emitieron tres mil 398 hallazgos, dos mil 983 por parte de los Órganos Internos de Control y 415 por las áreas centrales de la Secretaría. A partir de estos, se determinaron 10 mil 592 acciones, mismas que se encuentran en proceso de atención por parte de los entes fiscalizados.
La SAyBG, afirmó que, en el marco del compromiso con una gestión pública honesta, transparente y eficiente, la presente administración ha consolidado una Política de Austeridad Republicana, orientada a erradicar los privilegios y el dispendio, “transformándose no en un recorte ciego, sino en una reingeniería profunda del gasto para liberar recursos destinados a la atención de prioridades sociales”.
