México, D.F. * SUN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio bajo el cual se podrán aplicar sanciones administrativas a particulares, y no sólo a servidores públicos, que reciban y manejen recursos federales.
De manera unánime, el máximo tribunal del país emitió esta decisión al revocar un amparo que le había concedido un juez a Jorge Serrano Limón, ex presidente del Comité Nacional Pro-Vida, para evitar una sanción que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el desvío de recursos públicos que le otorgó la Secretaría de Salud, en el 2003 y 2004, para el programa de Centros de Ayuda para la Mujer.
Tras analizar un recurso interpuesto por la SFP, el Pleno de la SCJN concluyó que no procedía amparar a Jorge Serrano Limón, por lo que el líder moral de Pro Vida tendrá que pagar los 13 millones 237 mil 377 pesos que le fijaron de multa.
