Además de sanitizar las 49 aduanas del país para limpiarlas de corrupción, otro de los retos que enfrentará Horacio Duarte, tercer administrador general de Aduanas (AGA) de la Cuarta Transformación, será revertir la caída de la recaudación por operaciones de comercio exterior.
Al tomar la estafeta en estos momentos, el desafío será mayor en un contexto de emergencia sanitaria, por la urgente necesidad de contar con material médico de importación para enfrentar el coronavirus.
Se requieren agilizar trámites de autorización para la importación de cubrebocas N95, ventiladores pulmonares, equipos de protección, gel antibacterial, insumos para la salud y la prueba diagnóstica molecular para Covid-19, entre otros.
Esta última debe cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que emitió a través de una circular en la que se indica que se deberán someter a evaluación ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
Una vez que cuenten con la evaluación favorable, deben seguir el trámite ante la Cofepris para importar la mercancía con base en las homoclaves de atención prioritaria para la emergencia sanitaria.
De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del cual depende la AGA, en 2019, el embargo de mercancías introducidas ilegalmente ascendió a un valor de 23 mil 530 millones de pesos.
Ese monto representó 20 mil 589 millones de pesos más que el año anterior, en las que se determinó el monto de los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (Pamas) por cinco mil 477 millones de pesos, monto superior en tres mil 887 millones con relación a 2018.
Lo anterior, como efecto de la revisión y fiscalización, tanto en carga y pasajeros, en las aduanas del país, en donde se hicieron principalmente decomisos de documentos, importación de divisas por medio de documentos por cobrar o efectivo, realizado en la Aduana de Toluca.
El año pasado se identificaron facturas alteradas o apócrifas y proveedores no localizados o inexistentes que amparaban compra-venta por mercancía a la importación, con un valor en aduana de 291 millones de pesos, lo que significó un monto menor en 834 millones en comparación con 2018.
