La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer un recurso de revisión extraordinario, para analizar la validez de la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
Por unanimidad de ocho votos, el Máximo Tribunal del país admitió ejercer su facultad de atracción para definir si un juez tiene la facultad de ordenar la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo extraordinario de investigación, al momento de emitir una sentencia de amparo relacionada con un auto de formal prisión por desaparición forzada.
Se estableció que un ministro será el encargado de realizar un proyecto de sentencia, para evaluar si la orden del juez vulnera el principio de división de poderes, o el principio de relatividad de las sentencias.
En su intervención la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, se declaró impedida para conocer y participar en la discusión, ni en la resolución en el caso Ayotzinapa, tras declarar un conflicto de interés.
Resaltó que la investigación penal se encuentra en la unidad de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, área perteneciente a la fiscalía especializada en materia de derechos humanos, de la cual fue titular cuando formaba parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer cuatro recursos relacionados con la sentencia judicial que en 2018 echó abajo la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ordenó reponer la investigación del caso.
La determinación fue cuestionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que advirtió que la medida reabre la discusión sobre una resolución considerada fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
La decisión fue tomada por el Pleno de la Corte al resolver una solicitud para atraer recursos promovidos contra la sentencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, uno de los fallos judiciales más relevantes dentro del caso Ayotzinapa.
Aquella resolución, dada a conocer en junio de 2018, concluyó que la investigación que sustentó la denominada “verdad histórica” presentaba graves irregularidades y violaciones a derechos humanos, entre ellas actos de tortura.
