Personas que viven con VIH y que han sido afectadas por la falta y/o retraso de medicamentos antirretrovirales promovieron un amparo colectivo para exigir al gobierno federal cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud y al abasto de medicinas.
Se calcula que son 97 mil personas VIH positivas atendidas en el esquema de Seguro Popular que vieron suspendidos sus tratamientos por el retraso en la compra consolidada de medicamentos antirretrovirales luego de que el gobierno cancelara las adquisiciones con el argumento de que había corrupción.
El amparo fue promovido por la abogada Andrea Rocha y quedó radicado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para demandar a la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, el IMSS y a los responsables del Seguro Popular que garanticen el derecho constitucional a la salud, y no sólo haya medicamentos sino la garantía de que no faltarán y serán adecuados para el tratamiento.
El recurso se presentó con el apoyo del PRD, partido que puso a disposición sus oficinas en el país para que quienes estén afectados sean apoyados en la presentación de amparos.
“Aunque la Secretaría de Salud informe que ya se restableció el abasto ya hubo una afectación para quienes padecemos la enfermedad”, afirmó Josué, activista, quien desde hace dos semanas no cuenta con medicamentos.
Alertó que eso hace que quienes padecen VIH estén susceptibles a “ataques oportunistas” de virus. No tomar los medicamentos agrava más la salud.
