La defensa de Rosario Robles consideró que la decisión del Congreso de la Unión, de resolver su juicio político previo al cierre de actividades por el coronavirus (Covid-19), es evidencia de que se busca concretar de manera prioritaria “la venganza” contra la exfuncionaria.
El despacho jurídico encabezado por Epigmenio Mendieta afirmó que el periodo de alegatos en el juicio político, iniciado contra Robles Berlanga, ni siquiera ha concluido, por lo que no se están respetando los derechos de la defensa.
“En lugar de atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, de tomar medidas para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, de garantizar el empleo de los mexicanos trabajadores o impulsar estrategias para proteger a las familias de la delincuencia, al Poder Legislativo ‘le urge’ concretar el juicio político, que por cierto se realizaría de forma irregular, pues aún no concluye el periodo de alegatos en el mismo”, reprocharon los defensores de Robles, mediante un comunicado.
El martes se dio a conocer que, hoy jueves, el Congreso de la Unión se dedicará única y exclusivamente a discutir el juicio político de Rosario Robles pero, de acuerdo con el abogado Epigmenio Mendieta, su cliente no ha sido notificada sobre ese procedimiento.
“Queda claro cuáles son las prioridades de la 4T. Y definitivamente no es la población, la misma que votó por ellos.
En breve los diputados discutirán en Pleno si le quitan el cargo a una mujer que ya no tiene carg”, señaló Mendieta.
Javier Sánchez Rojas, quien también forma parte del equipo de defensa, señaló que el juicio político de Robles está viciado y “a la carta”.
Alistan votación por juicio
Al respecto, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló erigirse como órgano de acusación en el juicio político que se sigue contra la extitular de Sedesol y Sedatu en la administración pasada, hoy jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Con 265 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, los diputados federales conocieron las conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en la que determinó “ha lugar” con el juicio político contra Robles Berlanga.
La acusación se hará ante el Senado de la República por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de sus funciones de secretaría de despacho durante el periodo del 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018.
Además, acusa que violó los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.
