La prueba piloto para devolver el derecho al voto a personas en prisión preventiva, ejercicio derivado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluyó en cinco centros federales de readaptación social y aunque se consideró, según la base de datos, a 2 mil 699 votantes, sólo aparecieron en el padrón 949, de los cuales 766 ejercieron su voto, es decir, 28.38%.
La falta de credencialización fue el principal obstáculo, explicó Valentina Lloret, coordinadora de la organización civil CEA Justicia Social, situación que, dijo, deberá atenderse a la brevedad si se quiere garantizar el derecho al voto de las más de 90 mil personas en prisión preventiva durante las elecciones presidenciales de 2024.
La restricción a los derechos políticos de las personas privadas de la libertad está en la Constitución en su artículo 38, y es una de las pocas normas que no se han tocado, a pesar de la infinidad de modificaciones que se han hecho a la Carta Magna desde 1917.
En 2019, dos personas en situación de prisión preventiva exigieron su derecho al voto bajo el argumento de la presunción de inocencia, lo que derivó en la sentencia del TEPJF, en la que se estableció que no se puede suspender el derecho al sufragio a quien no cuente con una sentencia condenatoria.
Además, se mandató al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar elecciones para el proceso 2024 en todos los centros penitenciarios del país.
Para afinar el protocolo comicial, desde el pasado 17 de mayo se realizó la llamada prueba piloto, en la que las organizaciones civiles detectaron que 65% de las personas en prisión preventiva no aparecieron en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral.
