El gobierno federal condicionará la entrega de fondos extraordinarios a las universidades públicas estatales para resolver problemas estructurales, a cambio de implementar medidas de austeridad y transparencia sobre el uso de los recursos que se les entreguen.
De acuerdo con fuentes consultadas, las universidades se comprometieron a no pagar a sus trabajadores prestaciones contractuales que no estén reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a no incrementar la plantilla administrativa ni académica ni el gasto corriente; además de recortar el gasto en representación, viáticos, telefonía celular y plantilla vehicular, “todo lo que no sea sustantivo a la actividad académica, progresivamente disminuirlo».
«Se tiene el propósito de mostrar que hubo un cumplimiento de respaldar a las universidades y que este respaldo también tiene una serie de compromisos que las universidades ven con buenos ojos. Tiene que ver con contención del crecimiento de la nómina administrativa y académica, y de prestaciones no reconocidas por la federación en los contratos colectivos, así como la contención de nuevas prestaciones y una ruta para la sostenibilidad de las propias universidades, y los problemas estructurales que están resolviendo las instituciones», se explicó.
El gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Educación Superior realizará una revisión trimestral del cumplimiento de dichos compromisos.
