El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado pidió que se reconozcan los derechos de los trabajadores domésticos en la Ley Federal del Trabajo o la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Detalló que en su capítulo dedicado a los trabajadores domésticos, dicha ley no precisa la obligación de los patrones de establecer un contrato escrito, lo que vulnera los derechos sociales, laborales y de seguridad social de quienes se dedican a esa actividad.
En el estudio Trabajadores del hogar, realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD, plantea que en México se requieren mecanismos eficaces de supervisión de los trabajadores remunerados en hogares de terceros para garantizarles sus derechos sociales, laborales y de seguridad social.
Menciona que en 2014 el 62.8 por ciento de los trabajadores domésticos se encontraba en “pobreza por ingreso”, lo que implica que alrededor de 1.4 millones de personas dedicadas a ese ramo económico no recibieron los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.
Además de recibir salarios exiguos, todos carecen de contrato y de acceso a la seguridad social. Esas condiciones los convierten en uno de los sectores más vulnerables.
El estudio señala que, un porcentaje de esos trabajadores es atendido por programas de combate a la pobreza como Prospera, Seguro Popular, Seguro de Vida para Jefas de Familia y Abasto Social de Leche, entre otros.
De acuerdo con el IBD, en la legislación existen preceptos constitucionales de orden laboral que no son refrendados en la ley reglamentaria, lo que determina un marco ambiguo que propicia omisiones por parte de los patrones.
En la investigación se proponen soluciones (en la que coinciden legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil) a esa problemática, que afecta a 2.2 millones de personas que se dedican a ese rubro de carácter remunerado.
