La pandemia del coronavirus no sólo está poniendo en jaque a la sociedad y la economía española. También afecta a los mexicanos detenidos en España y que tienen cuentas pendientes con la justicia.
El sector judicial suspendió prácticamente todas sus diligencias, lo que retrasará inevitablemente los procesos de extradición que se siguen en la Audiencia Nacional de España contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira.
“El dictado del auto de extradición (de Ancira) está suspendido, porque así lo acordó el Consejo General del Poder Judicial en relación con todas las actuaciones judiciales que no fueran urgentes”, señaló el abogado de Ancira, Manuel Ollé.
“En nuestro caso, como se trata sólo del dictado de un auto, entendemos que no se conculca ningún derecho, dada la difícil situación que estamos viviendo”, agregó el letrado que defiende al empresario mexicano.
Fuentes judiciales confirmaron que la Audiencia Nacional no está tramitando ninguna demanda de extradición, ya que sólo se están atendiendo los casos más prioritarios en estos momentos de grave crisis sanitaria.
“Los procesamientos están suspendidos, se han diferido los plazos, por lo que no corre el tiempo en ninguno de los casos pendientes”, agregaron las fuentes sobre la ralentización de la dependencia judicial de Madrid que se encarga de las extradiciones y que reemprenderá sus actividades cuando el país ibérico vuelva a la normalidad, aunque lo haga de forma escalonada.
La proclamación por parte del gobierno español del Estado de Alarma y el confinamiento en sus casas de todos los ciudadanos que no trabajen en la sanidad o en sectores esenciales para impedir la paralización total de la economía, condujo a la Audiencia Nacional al cese de todas las actividades, salvo las consideradas urgentes o inaplazables y las del servicio de guardia.
Tras su última declaración presencial, Ancira está a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra el proceso de extradición iniciado por las autoridades mexicanas por los supuestos delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.