El desafío de la seguridad pública persiste como uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. No son únicamente esporádicos episodios de violencia, como la barbarie exhibida en la masacre en San José de Gracia, sino el permanente clima de inseguridad que se vive en múltiples regiones de todo el país.
Ante tal escenario, distintos gobiernos han recurrido al despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad, y éstas han respondido con el patriotismo y lealtad que las caracteriza. Sin embargo, su participación en estas labores obliga a una reflexión más profunda respecto del papel que deben tener en un estado democrático.
El plan implementado por la actual administración federal ha pretendido, por un lado, atacar la criminalidad en sus raíces a través del otorgamiento de incentivos económicos vía los programas sociales; mientras que por el otro, planteó la creación de la Guardia Nacional en 2019 mediante la reforma constitucional que la estableció como una institución policial de la Federación, producto de la suma de voluntades políticas cuya intención era dotar al Estado mexicano de un nuevo cuerpo encargado de la seguridad, con un mando civil y que permitiera en el mediano plazo el regreso del ejército a sus cuarteles, para encargarse de los asuntos propiamente de seguridad nacional.
En los hechos, la Guardia Nacional funciona y está integrada de forma militar. Por ejemplo, el 76% de sus integrantes siguen perteneciendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el reclutamiento de nuevos efectivos ha sido casi nulo.
El debate que se avecina sobre la Guardia Nacional es el momento perfecto para tratar el reto de la seguridad desde una perspectiva integral. No debe circunscribirse a cuál es la dependencia en la que se debe adscribir este cuerpo, sino abordar los temas de si la Guardia debe ser un cuerpo intermedio o uno policial civil, cómo debe garantizarse que el Estado mexicano invertirá en la consolidación de una policía federal civil y fortalecerá las capacidades de los estados y municipios en la materia, cuáles deben ser las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, cuál el presupuesto que requieren para desempeñarlas o cómo debe ser el régimen de rendición de cuentas al que estén sujetas, entre muchos otros más. En esta discusión, deberá prevalecer ante todo la visión del México que queremos en el futuro.
