Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte, especialmente en países en desarrollo, que registran el 90 por ciento de las muertes no obstante que únicamente cuentan con menos de la mitad del parque vehicular mundial. Los más afectados por la inseguridad vial son peatones, ciclistas y motociclistas, que suman el 46 por ciento de los decesos por accidentes de tráfico, pero también los conductores de automotor de diversos tipos
Esta realidad motivó a las Naciones Unidas a crear la Década de Acción para la Seguridad Vial, que para el 2020 debe lograr una reducción significativa de víctimas mortales en accidentes de tráfico, mediante la mejora de los programas de los gobiernos. Como parte de esa campaña, al inicio de este mes se celebró en todo el mundo la Semana de la Seguridad Vial.
Para Latinoamérica, que ocupa el primer lugar mundial con las tasas de mortalidad más altas por accidentes de tráfico, el llamado de la Organización de las Naciones Unidas se concreta en el siguiente desafío: reducir un 50 por ciento las víctimas en carreteras para el 2020. Es decir, que las 130 mil muertes disminuyan a la mitad.
Los principales obstáculos para dicho objetivo, serían el mal estado de las carreteras, la falta de educación vial o los sistemas de seguridad deficiente. El simple hecho de abrocharse el cinturón, disminuye entre 40 y 60 por ciento el riesgo de muerte de los pasajeros en asientos delanteros, y entre el 25 y 75 de quienes viajan en asientos traseros.
Otro de los aspectos cruciales para reducir las muertes en carretera es la recolección de datos. Disponer de datos veraces sobre las causas de los accidentes, si las víctimas cumplían o no con las normas de seguridad o la franja de edad de los fallecidos, es la base para elaborar políticas viales que funcionen.
En Latinoamérica los sistemas de recolección de datos mejoraron sustancialmente gracias a la creación, en 2010, del primer observatorio vial regional, que en poco tiempo ha logrado establecer una base de datos fiable y, paralelamente, está facilitando el intercambio de experiencias exitosas entre países.
En este sentido, el año pasado, en México, responsables gubernamentales, asociaciones de carreteras de América Latina, el Caribe, España y Portugal, así como representantes de organismos multilaterales, la academia, asociaciones de víctimas, organizaciones civiles, empresas privadas, expertos internacionales, ponentes y profesionales comprometidos con la seguridad vial de 23 países, reunidos en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial, adquirieron una serie de compromisos para disminuir ese considerable número de víctimas que se traduce en pérdidas de vidas y materiales, así como en una drástica alteración del equilibrio en las familias.
La hoja de ruta incluye objetivos inaplazables y urgentes, entre los cuales se quisiera destacar por ejemplo, declarar la seguridad vial como una política de Estado; promulgar una Ley que permita la institucionalización real de la seguridad vial en los países que no la tengan, estableciendo entes responsables, programas de acción, recursos humanos, prioridades, objetivos definidos y presupuestos; crear una Agencia u organismo líder similar que regule la seguridad vial en los países, con recursos, competencias suficientes, capacidad de actuación y respaldo político al más alto nivel; así como la incorporación de las asociaciones de víctimas, organizaciones civiles y los medios de comunicación en las políticas de seguridad vial, como canal fundamental para llegar a toda la ciudadanía, consiguiendo la máxima implicación de la sociedad.
