La Organización de las Naciones Unidas indica que actualmente dos mil millones de personas viven en asentamientos irregulares en donde el crimen y la violencia son temas cotidianos. Si el total de la población mundial es de más de siete mil millones, las cifras muestran que es un asunto relevante en esos mismos términos.
En lo que a nosotros corresponde, el Gobierno Federal tiene contabilizados 250 polígonos y hasta mil colonias en todo el país. Para su atención se ha destinado un total de 2,500 millones de pesos. Este problema como tal representa otros muchos, como es la sobreviviencia de los adultos en esas condiciones y las de las futuras generaciones.
El caso ha llevado a plantear que si no se logra como generaciones, como países o como ciudades, garantizar la efectividad del trabajo por la seguridad de las ciudades, la sociedad en general perdería perspectiva de desarrollo en las próximas décadas.
Llama la atención y mueve a trabajar en ese sentido. La Red Mundial de Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas, con representación en el país, cuenta con un programa de Acción 2013-2016 que prevé organizar información sobre las estrategias de seguridad que han funcionado en otras latitudes del mundo, crear un índice sobre seguridad urbana, proponer la formación de un fondo de Naciones Unidas para la seguridad de las ciudades, y estimular a las que obtengan los mejores resultados.
El plan en principio buscaba contener la violencia urbana por medio de estrategias de prevención. Además, impulsa compromisos y enfoques de la Agenda Hábitat en esta materia, reconoce la responsabilidad de las autoridades locales en materia de prevención del crimen, y contribuye también con la Campaña de Gobernabilidad Urbana.
Sin embargo, la presencia de invasiones en varias regiones con intención de crear asentamientos en propiedad ajena, muchas veces en terrenos sin vocación para sustentar vivienda, por parte de población proclive a la violencia, trae otros problemas al convertirse esas zonas en tierra de nadie.Con el fin de aumentar las capacidades a nivel urbano para atenuar la inseguridad, y contribuir al establecimiento de una cultura de prevención, el plan es otro ejemplo de la preocupación del organismo internacional ante un fenómeno que ha ido escalando en los últimos años.
Ciudades de Latinoamérica se han visto en una espiral que crece y se extiende. Frente a esto, prevé aumentar las capacidades a nivel urbano frente a la inseguridad, y contribuir al establecimiento de una cultura en materia de la prevención del delito. Para ello se considera necesario un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, con el acompañamiento de la propia Organización de las Naciones Unidas y sus organismos Unicef y Unesco, en materia técnica, logística e incluso financiera, en apoyo de autoridades regionales y nacionales, y otros actores urbanos interesados en la salvaguarda de la población y de sus bienes.
Fortalecer la capacidad de gestionar el tema de seguridad y reducir la delincuencia y la violencia; promover iniciativas de prevención de la criminalidad, implementando sistemas de justicia criminal con la participación de autoridades locales y centrales, el sector privado y la sociedad civil; incentivar la creación de redes urbanas para facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y la divulgación de lecciones aprendidas en colaboración cercana con socios de otros países; preparar e implementar programas de formación de capacidades; enfocar en las tres áreas de prevención principales, acciones dirigidas a grupos de riesgo, prevención situacional, y reforma del sistema de justicia criminal, son entre otros los objetivos.
