El Gobierno Federal paga en promedio 8.1 millones de pesos diarios por la contratación del seguro de vida institucional para un lapso de tres años, concretamente de abril de 2026 a marzo de 2029.
El Universal accedió a la adjudicación que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo contrato abarca un presupuesto total de 8 mil 827 millones de pesos y hasta un monto máximo de 13 mil 335 millones.
Se trata de la adjudicación más alta en lo que va del año, superando la construcción y diseño del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, de 11 mil 150 millones.
La contratación del seguro, con número LA-06-712-006000998- N-13-2026, cubre a 853 mil funcionarios activos y jubilados de 24 dependencias, 68 órganos desconcentrados, 113 entidades y un organismo autónomo.
Cubre la muerte, incapacidad total o invalidez con una suma que respalda hasta 40 veces sus percepciones mensuales, aunque tienen la opción de potenciar su cobertura a 108 veces vía descuentos pagados por ellos.
El contrato fue asignado bajo licitación a Seguros Banorte tras vencer a MetLife, Aseguradora Patrimonial y GNP en las evaluaciones técnicas y económicas. El servicio lo ganaron diferentes empresas en las últimas décadas.
Esta prestación laboral es diferente al seguro de gastos médicos mayores que quiere restituir la Suprema Corte y que criticó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 19 de agosto pasado.
Especialistas
El catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Miguel González, coincidió en que los servidores públicos deberían acudir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o contratar ambos seguros con sus medios.
“Existe la creencia de que en el mercado laboral compiten los sectores público y privado por los mejores trabajadores preparados y capacitados mediante prestaciones para atraerlos, pero desde el sexenio anterior ya no es así, ahora preocupa solo la fidelidad al liderazgo gubernamental”, comentó.
“Los trabajadores del gobierno deberían pagar estos seguros con sus propios medios o enfrentar la realidad de millones de mexicanos que padecen las deficiencias de los servicios de salud o jubilaciones precarias para hacer la exigencia social más elevada”, dijo.
Para el catedrático del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, cualquier trabajador merece ambas prestaciones, el seguro de vida y el de gastos médicos mayores, más aún si se trata de funcionarios que hacen carrera en el gobierno, dedicándose a un empleo que no siempre tiene los mejores sueldos.
El contrato fue asignado bajo licitación pública a Seguros Banorte.
