Con 118 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el Gobierno Federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, esto quiere decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el Gobierno Federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado. Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

“Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría del Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá a fortalecer las finanzas públicas.

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC, es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

Por parte del PAN se condenó que en la reforma, que se aprobó este martes en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al Gobierno Federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.