El pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan en ese elito.
En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad, con 90 votos, la ley que establece comete el delito de tortura el servidor público que para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.
Detalla que se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescentes.
La misma pena máxima de hasta 30 años de cárcel si la víctima es una mujer gestante, una persona con discapacidad, sea un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendientes o pertenezca a una comunidad indígena.
