Senado urge a frenar arbitrariedades

Senado urge a frenar arbitrariedades

El Senado de la República llamó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a autoridades estatales encargadas del sistema penitenciario emprender acciones urgentes para prevenir y erradicar violaciones a los derechos humanos de personas recluidas en el país.

La asamblea les solicitó atender especialmente las diversas condiciones estructurales que incentiven la violencia y los llamados autogobiernos en los reclusorios.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas en los estados, fortalecer los programas de prevención y atención dirigidos a las personas que están presas.

Requirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un reporte sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido en materia penitenciaria.

Frenar alza de kilo de tortilla

En otro tema, el pleno del Senado exhortó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a las secretarías de Economía y Agricultura, establecer una política que frene las alzas indiscriminadas en el precio de la tortilla.

Además, investigar si esa situación deriva de la actuación de alguno de los participantes en esa cadena productiva.

El senador priista, Arturo Zamora Jiménez, presentó el punto de acuerdo donde se señala que los precios del kilogramo de tortilla se han incrementado en las últimas semanas de forma desproporcionada y sin motivo aparente a un monto de entre 15 y 24 pesos.

Ante ello, se aprobó exhortar a la Cofece para que de manera expedita se investigue si los recientes aumentos en el precio de ese producto están relacionados con la fijación indebida de precios o la restricción del abasto por los participantes en las cadenas productiva y comercializadora del producto.

Se solicita que la Cofece “determine en su caso, si existen condiciones de competencia efectiva en el abasto de la tortilla”.

En tribuna leyó el exhorto a la Sagarpa para que analicen y apliquen una política de precios máximos en su carácter de bien de consumo popular, con base en criterios que eviten el incremento desmedido en el costo del insumo y el desabasto.