El grupo parlamentario de Morena en el Congreso exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a que investiguen el posible financiamiento de campañas del PAN con recursos ilícitos, así como a Somos México y a la organización Marea Rosa, vinculados al exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta de la Comisión Permanente, se plantea que la Ley General de Partidos Políticos determina que el Consejo General del INE, a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informes de operaciones financieras, ante la presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.
“La magnitud de la red de contrabando de hidrocarburos desmantelada y de la que forma parte la empresa Ingemar, propiedad de Ernesto Ruffo, evidencia que los esquemas de delincuencia organizada buscan incidir en los centros de poder político a través de fachadas corporativas y complicidades institucionales”, exponen los legisladores de Morena.
Advierte que este episodio del llamado “huachicol fiscal”, con daños al erario por 4 mil millones de dólares, obliga a una revisión profunda de los mecanismos de fiscalización y control financiero con los que el Estado mexicano vigila el nacimiento y consolidación de las nuevas fuerzas políticas.
“Por ello, la actuación coordinada de la FGR y del INE representa un acto que permitirá garantizar que los recursos de procedencia ilícita no tengan cabida en los procesos electorales”.
Coimputados tramitan amparo y se los rechazan
En el caso de Ruffo Appel, dos coimputados en la red de “huachicol” fiscal que, según la FGR, lidera el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tramitaron amparos para echar abajo la prisión preventiva que les dictó la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Se trata de José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de la empresa Ingemar, y de Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, quienes se encuentran recluidos en el penal del Altiplano y en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur, Estado de México, respectivamente.
Ambos recurrieron a la protección de la justicia contra la resolución del domingo pasado, mediante la cual se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal, con residencia en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, les negó la suspensión para efectos de que pudieran llevar su proceso penal en libertad.
El primer preso político de este sexenio: PAN
Por lo anterior, legisladores del PAN acusaron al gobierno federal de una “persecución política” contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuya detención, denunciaron, es utilizada como una “cortina de humo”.
En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que Ruffo Appel es un “preso político” y cuestionó que una sola persona pueda ser responsabilizada por una red de contrabando de combustibles cuando una operación de huachicol fiscal requiere la participación de distintas autoridades.
