Luego de una revisión preliminar a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre el Tramo 5 Sur del Tren Maya, sometida a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por Fonatur-Tren Maya, activistas del movimiento Sélvame el Tren consideraron que el amplio documento está hecho “a modo” y que su contenido es contradictorio.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el Grupo Moce Yax Cuxtal y Guillermo D’Christy, del proyecto Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, coinciden en que aun cuando en la MIA se reconocen impactos potenciales “severos” y “críticos” al sistema kárstico, las cavernas y ríos subterráneos por derrumbes y hundimientos provocados por maquinaria pesada o la pérdida de vegetación y la fragmentación del hábitat de especies protegidas por los desmontes y despalmes, se concluye que estos “no son significativos”.
Consultados por separado señalan que además se plantean en la MIA medidas de mitigación a destiempo, como el rescate de vegetación y fauna, lo cual debió ocurrir antes de la devastación de la selva, que inició –sin ninguna autorización, permiso o medida preventiva– desde febrero.
Ambos subrayan que esto último –que la zona fue previamente impactada, por el propio Gobierno Federal como promovente del proyecto– es omitido cuando debió mencionarse en la MIA, pues constituye una violación al marco legal ambiental.
“El proyecto Tren Maya en Quintana Roo es ilegal y hoy lo quieren vestir de legalidad. Los trabajos para el Tramo 5 iniciaron sin estudios ambientales. Eso es lo primero que no podemos perder de vista, porque ahora con la MIA lo quieren hacer pasar como legal”, dijeron.
Por separado, la expresidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, Yadira Romero, indicó que al haber iniciado actividades previo a contar con la autorización de impacto ambiental y al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el Gobierno Federal violentó el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA).
Sin embargo, para la bióloga y consultora ambiental la primera falla del proyecto Tren Maya, en su totalidad, estriba en evaluar los siete tramos que lo conforman, de forma fragmentada, por separado, pese a que es una obra que debería evaluarse de forma integral, ya que sus impactos no están aislados, los ecosistemas afectados no tienen fronteras y la ley establece que el análisis debió ser por entero.
