La Secretaría de la Función Pública y su titular Irma Eréndira Sandoval, informaron que cuentan con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados de la Administración Pública Federal.
La Función Pública dijo que las declaraciones patrimoniales solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública”, describió.
Ayer se publicó que el Gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó rastrear en al menos 50 instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.
Solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa y a sus hijos.
