La SEP acaba de publicar los Resultados del Cuestionario Diagnóstico aplicado en agosto a más de 393 mil docentes en 93 mil escuelas de educación básica.
El objetivo: cumplir el Compromiso Presidencial número 27 para crear un nuevo sistema de contratación y promoción, y desaparecer a la Usicamm, organismo que en 2019 sustituyó a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD).
A diferencia de la evaluación obligatoria de la CNSPD —que condicionaba la permanencia frente a grupo a través de exámenes de habilidades y conocimientos pedagógicos—, la Usicamm implementó evaluaciones voluntarias para la admisión y promoción mediante un esquema multifactorial que incluyó pruebas de conocimientos, antigüedad, preparación académica y formación continua.
Sin embargo, ambos modelos compartieron características clave: mantuvieron la rectoría del Estado, eliminaron el reparto sindical discrecional de plazas, requirieron una prueba estandarizada como requisito indispensable y asignaron las vacantes estrictamente mediante listas públicas de prelación.
Pese a sus intentos de mejora, la Usicamm acumuló un fuerte descontento docente y sindical, entre otras razones: 1) falta de transparencia en los procesos de evaluación, 2) asignación discrecional de plazas, 3) fallas en su plataforma digital, 4) desconexión pedagógica de la evaluación, 5) un sistema vertical sin participación del magisterio y 6) inconformidad sindical, por el control centralizado.
Los resultados del cuestionario docente muestran un contundente “sí a la evaluación y no al reparto discrecional de plazas”. El 79.6 % de los maestros está a favor de aplicar un instrumento de evaluación de conocimientos y aptitudes para obtener plazas y promociones, lo que representa un rechazo contundente a regresar al viejo esquema (antes de 2013) de reparto discrecional a través de Comisiones Mixtas, donde la mitad correspondía a la autoridad y la otra mitad al sindicato.
El magisterio exige procesos limpios: un abrumador 98.1 % está dispuesto a denunciar actos de corrupción y opacidad para que existan sanciones penales o administrativas.
A diferencia de sistemas anteriores, los maestros quieren ser los protagonistas: la figura más mencionada para elaborar los instrumentos de valoración (con el 43.2 % de las preferencias) son los propios docentes del nivel educativo evaluado. Resulta revelador en quiénes confían como segunda opción: prefieren a los académicos y especialistas en temas educativos (24.8 %).
Sin embargo, no hay un consenso absoluto sobre cuánto debe pesar cada criterio para asignar una plaza. Los resultados muestran un balance muy ajustado en la ponderación ideal: el instrumento de evaluación (24.1 %), la antigüedad en el servicio (22.7 %), el posgrado (20.4 %) y la formación continua (20.0 %).
En retrospectiva, la historia reciente de la política educativa obliga a ser escépticos. Ni la evaluación estricta de la CNSPD ni el modelo multifactorial de la Usicamm lograron resolver el problema de fondo: establecer un mecanismo justo, transparente y verdaderamente pedagógico para el ingreso y la promoción de los docentes en educación básica.
Si durante dos sexenios los gobiernos han fracasado en esta tarea fundamental, ¿por qué se les debería creer que en esta ocasión sí lo hará? Cambiar las siglas no implica cambiar la realidad de los docentes.
