El primer tramo del proyecto llamado Tren Maya está en peligro. Los ejidos en los que se han establecido las vías y las personas que serán desalojadas han interpuesto recursos judiciales en contra del avance de la obra. Las autoridades encargadas de darle seguimiento no saben qué hacer, pero se han decidido a echar culpas en los medios y parece que con eso se han excusado frente al Presidente de la República.
En ninguna parte he escuchado que las autoridades reconozcan la irresponsabilidad con la que se han conducido. No se ha escuchado al Director de Fonatur decir que la ocupación de las tierras ejidales en este tramo de la ruta se está exigiendo que sea a título gratuito. Por decisión del gobierno federal, los ejidos afectados por el proyecto no recibirán nada por esa ocupación previa antes de la expropiación, que no se sabe cuándo se realice.
Las culpas han sido dirigidas a la Sociedad Civil, ONG. Fonatur dice que los pueblos y comunidades indígenas de la región ya expresaron su acuerdo y que apoyan el proyecto. Lo dice como si todos los pueblos y comunidades indígenas del país pensarán igual y acordarán al unísono. Es penoso como el gobierno federal y Fonatur continúan invisibilizando a la población indígena del país. La invisibiliza usando a los ejidos, ignorando que sus alianzas con sociedad civil son decisiones autónomas e informadas y asumiendo que todos los pueblos y comunidades indígenas son una unidad uniforme. No se cree que el Presidente y el Director de Fonatur no conozcan la realidad del país. Pero entonces, ¿será que actúan de mala fe al expresarse así ante los medios?
Las ONG han actuado ahí en donde la Procuraduría Agraria ha fallado como el ombudsperson de los campesinos en el país, donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido castigada por preguntar, y donde el INPI se ha comprometido para avanzar en otros temas que considera más prioritarios. Han sido abogados, expertos, científicos, estudiantes y miembros mismos de comunidades que han brindado una mano a los afectados, cuando así lo han solicitado estos afectados y cuando han podido. Hay más solicitudes de apoyo que sociedad civil organizada que pueda ayudar. La situación es tal que existen suspensiones provisionales y definitivas otorgadas por jueces federales en contra del Tren que no han hecho intento alguno por hacer acatar sus órdenes.
Tal vez los campesinos de Campeche inconformes y los estudiantes de Derecho no logren detener a un proyecto que está chupando todos los recursos del gobierno federal. Esta posibilidad debería aterrar a cualquiera. Si el proyecto se lleva a término bajo estas condiciones, el Presidente habrá logrado acabar el Estado de Derecho en su país con un Tren.