La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada con 420 votos a favor, 15 abstenciones y ninguno en contra, la Iniciativa enviada por el Ejecutivo para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política con el objeto de retirar el Fuero Constitucional al presidente de la República; el texto aprobado y enviado al Senado establece expresamente que durante el tiempo de su encargo, el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, de ahí que para proceder penalmente en su contra, solo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores para que, previo análisis y mediante un juicio de procedencia, se le retire el fuero y pueda ser sujeto de proceso penal.
Actualmente el presidente de la República únicamente enfrenta responsabilidades penales por traición a la patria y delitos graves del orden común, es decir que, la inmunidad prevista en el Texto Supremo, en realidad ordena la impunidad para todos los demás delitos.
De cobrar vigencia esta reforma, las consecuencias en los entramados jurídicos e institucionales de todo el país, enfrentarán una reconfiguración de forma y fondo, pues necesariamente resultará en el replanteamiento de los símbolos, señales y cultura que, hasta hoy, siguen presentes.
Desde la academia y la tribuna hay quienes han defendido el Fuero Presidencial, argumentado con razón que este no protege al funcionario sino a la función pública, para asegurar que el cargo esté salvaguardado de los intereses y abusos del propio poder público —en este caso del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, a efecto de mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado.
Si ahora el presidente de la República puede ser enjuiciado penalmente por los mismos delitos y bajo el mismo procedimiento que un ciudadano de a pie ¿qué les espera a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los ministros y al resto de los servidores públicos? Si el pueblo ya puede remover a un gobernante revocándole el mandato a la mitad de su gestión ¿cómo se controlará a los opositores y a los aliados? Si ya no existe complicidades vergonzantes, ni temor, ni servilismo ¿de qué se trata ahora la política?
La libertad política no es andar suelto como burro sin mecate, sino estar libre de coacción y sometimiento, teniendo como únicos límites la ley y el conjunto de principios y valores que esta consigna. La libertad política tiene como asidero la igualdad y esta no entiende de fueros, en tanto que son privilegios y exenciones arbitrarias.
Entonces, si el orden de cosas será diferente, ¿cuáles serán los nuevos mecanismos de control político para dar paso a la gobernabilidad?