México sufre momentos de tentación autoritaria. Los frenos y contrapesos en el poder público hoy pretenden ser ignorados y avasallados, provocando el abuso impune del poder, más corrupción, más enriquecimiento ilícito y la negación de cualquier derecho a las mexicanas y mexicanos.
Con la cantaleta de que “los derechos humanos son una invención de los poderosos”, hoy desde el gobierno se ha borrado del mapa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han planteado reformas para volver inoperante el juicio de amparo, se ha amedrentado al Poder Judicial y se ataca a los periodistas y medios de comunicación.
Con una saña nunca vista se calumnia, descalifica y amenaza a los profesionales de la información, abusando de la exposición mediática que brinda el servicio público y también de los recursos provenientes de los impuestos que paga la sociedad.
Como si la amenaza del crimen organizado no fuera suficiente, el periodismo sufre la amenaza y chantaje del gobierno, buscando acallar uno de los pilares fundamentales del régimen democrático en cualquier parte del mundo.
El periodismo no es un lujo ni algo prescindible, sino la mejor defensa para que la ley se aplique invariablemente, que las instituciones funcionen y acaten la ley, que la desigualdad no se normalice ni se solape, que los poderosos no abusen del desvalido, que nadie pretenda erigirse en dueño de la verdad absoluta y que todos tengamos la oportunidad de expresarnos.
Cuando el periodismo es cómodo para los poderosos, en ese momento deja de ser periodismo y deja de ser útil a la sociedad.
Su naturaleza es buscar la verdad de los hechos, preguntar y publicar los resultados de su investigación sistemática y escrupulosa.
Como ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia, los periodistas desempeñan un papel determinante en los diferentes procesos sociales que han tenido lugar en México y la actual situación no es la excepción, requiriéndose, hoy más que nunca, un periodismo profesional, libre, confiable, comprometido y sin ningún tipo de límite más que el señalado en la Constitución, a fin de contribuir a restablecer el estado de derecho que hoy es quebrantado por la propia autoridad.
