La presencia de ministros o asociaciones de culto, sindicatos o líderes gremiales y organizaciones empresariales o corporativas en la elección judicial pone en riesgo de anulación los triunfos en las urnas, de comprobarse alguna injerencia indebida, alertan expertos electorales.
Resaltan que las reglas les permiten cierta participación en el proceso. Eso, aunado a una menor observación, pone a la primera elección de juzgadores en la mira de una posible intervención de esas organizaciones.
Ante el acercamiento que muchos aspirantes han tenido con organizaciones, grupos políticos y gremiales debido a las limitaciones para hacer campaña en esta elección inédita, es que expertos en temas electorales advierten que la ley es clara en el sentido de las limitaciones y posibilidades que tienen estos actores.
Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), precisó los supuestos en los que organizaciones sindicales, religiosas, incluso empresariales o asociaciones civiles pueden participar en la elección. En ningún caso está contemplado que puedan apoyar formalmente a un candidato.
“¿Qué sí pueden hacer los sindicatos? Organizar foros de debates. Entonces, sí podría organizar un sindicato un foro de debate cumpliendo ciertas reglas que nosotros dimos para que se garanticen condiciones de equidad, como invitar por lo menos a la mitad de los aspirantes a participar”, dijo.
Menos participación y mayor austeridad: los riesgos
Para Arturo Sánchez, exconsejero electoral y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, el hecho de que no participen partidos políticos en esta elección la hace menos vigilada, pues no hay un interés de ninguna parte en evitar fraudes e intromisiones de este tipo de organizaciones.
Para el proceso electoral federal 2023-2024, el INE registró 30 mil 436 observadores electorales. Apenas el pasado jueves, el instituto detalló que para el primer proceso electoral del Poder Judicial solo se han acreditado 25 mil 546 solicitudes para ser observador, pues 24 mil fueron desechadas por vinculaciones con partidos políticos.
Arturo Sánchez precisó que otro riesgo para que grupos sindicales, empresarios, organizaciones religiosas e incluso el crimen organizado puedan colar sus intereses en los candidatos a juzgadores consiste en la poca participación ciudadana.
Comparó el proceso electoral del Poder Judicial con el de la revocación de mandato, que se realizó en 2022, un año sin elección presidencial ni de la Cámara de Diputados, como será este 2025, y que tuvo apenas 17.7 % de participación ciudadana.
Un factor que abona a la poca participación ciudadana el próximo 1 de junio es la austeridad. Las limitaciones presupuestales del INE son incluso mayores a las que tuvo la revocación de mandato.
En 2022, para la consulta de revocación de mandato se colocaron solo 57 mil 436 casillas, cuando en las elecciones intermedias de 2021 se instalaron 163 mil.
Para esta elección del Poder Judicial se instalarán más de 84 mil casillas en todo el país, además, no se llevará a cabo la recolección de votos en el extranjero.
Algunos de los problemas que consejeros electorales acusaron para reducir el número de casillas fue que hubo electores que tuvieron que trasladarse hasta una hora desde sus casas hasta un centro de votación, lo que disminuyó el interés por acudir a votar.
Iglesia: ni para bien ni para mal
La consejera Dania Ravel precisó que las organizaciones religiosas no tienen permitido ni llamar al voto particular en favor de algún candidato ni para organizar foros de debate o de exposición de perfiles. Esto último sí lo tienen permitido los sindicatos y los grupos empresariales.
“Con respecto a los ministros de culto que quisieran hacer cierta promoción para la participación ciudadana o a favor o en contra de alguna candidatura, nosotros ya establecimos reglas muy claras en los criterios de equidad que aprobamos el sábado 29 de marzo.
“Ahí establecimos, con total claridad que no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de ninguna persona candidata y que no podrán realizar llamados a la participación ciudadana en la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio”, detalló la consejera.
Además, a los ministros de culto les aplica el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas, que dice que los ciudadanos mexicanos que ejercen el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable, pero no podrán ser votados para puestos de elección popular, a menos que se hubieran separado del ministerio por lo menos cinco años antes.
El pasado 3 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó la improcedencia de juicios interpuestos contra cuatro candidatos ligados a la asociación religiosa la Luz del Mundo, de Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos por diversos delitos.
La improcedencia fue votada con tres votos a favor de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, y el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez. El argumento para avalar las candidaturas fue que el INE ya las había avalado y las boletas están por imprimirse.