El sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis estructural profunda, caracterizada por el hacinamiento extremo, la falta de gobernabilidad interna, la violencia y la carencia de programas efectivos de reinserción social.
Estos problemas representan una amenaza grave tanto para los derechos humanos como para la seguridad pública del país. El hacinamiento y la sobrepoblación son, sin duda, los principales factores que agravan las violaciones a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.
Muchas cárceles operan muy por encima de su capacidad; en particular, los penales estatales donde los dormitorios diseñados para cuatro personas suelen albergar a más de 20 internos.
Cifras del Inegi, al cierre de 2024, señalan que la infraestructura penitenciaria nacional estaba conformada por 325 centros: 14 federales, 261 estatales y 50 especializados para adolescentes en internamiento o tratamiento. Un total de 230 mil 168 lugares disponibles.
Asimismo, el censo divulgado por el Inegi en 2025, reportó una población penitenciaria de 265 mil 875 personas, de las cuales el 91.3 por ciento se concentra en los centros estatales.
En tanto, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (Oadpyrs) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó una sobrepoblación de 35 mil 707 personas a nivel nacional.
Una de las causas fundamentales de esta crisis es el uso excesivo y automático de la prisión preventiva oficiosa. Más del 40 % de la población en reclusión no ha recibido una sentencia condenatoria, permaneciendo encarcelados durante años debido a la lentitud de los procesos judiciales, situación que contribuye significativamente a la saturación de los centros.
En este contexto, el sistema penitenciario enfrenta un dilema fundamental: ¿debe ser un instrumento de castigo o una vía efectiva para la reinserción social?
La crisis del sistema penitenciario en México no se resolverá simplemente con la construcción de más cárceles; es imprescindible transformar las políticas criminales y de justicia para lograr una solución integral y sostenible. En este sentido, se requieren medidas urgentes y contundentes, tales como: Racionalizar la prisión preventiva: limitar su aplicación a casos estrictamente necesarios, con el fin de reducir de manera inmediata la sobrepoblación carcelaria.
Dignificar la carrera del personal penitenciario: mejorar los salarios y prestaciones sociales de los custodios, así como garantizar controles de confianza rigurosos y permanentes.
Asegurar presupuestos específicos: etiquetar recursos destinados exclusivamente a alimentación, atención médica y programas reales de capacitación laboral y educativa para los internos.
Implementar una clasificación efectiva de internos: separar estrictamente a las personas privadas de la libertad según su nivel de peligrosidad y estatus jurídico (procesados separados de sentenciados), ello permitirá desarticular los esquemas de autogobierno y control interno.
Mientras las cárceles continúen operando como espacios de castigo, olvido y actividad criminal, seguirán siendo el eslabón más débil dentro de la estrategia de seguridad pública nacional. Es urgente encontrar soluciones que sienten las bases para un sistema penitenciario más justo, eficiente y humano.
