El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) avaló, en su segunda sesión ordinaria, la creación de un grupo de trabajo que analizará la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción que presentó el presidente del Comité, Octavio López Presa.
El grupo se encargará de estudiar el texto y hará aportaciones para obtener un documento definitivo que podría aprobarse dentro de cuatro meses, según señaló López Presa en entrevista.
El documento expone la conformación de una estrategia que permita avanzar en 60 prioridades de política pública para combatir la corrupción, en torno a cuatro ejes estratégicos: el combate a la impunidad, el control de la arbitrariedad, el involucramiento de la sociedad civil y el fortalecimiento de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad.
El texto retoma las propuestas que en su momento hicieron el Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC), así como las vertidas por la sociedad civil en la Consulta Ciudadana sobre el fenómeno de la corrupción que se llevó a cabo del 31 de agosto al 5 de octubre del año pasado.
El texto expresa que “el éxito de la política dependerá de la posibilidad de articular las prioridades en acciones y proyectos interrelacionadas en cada uno de estos frentes. Con esto, resulta impreciso señalar que la propuesta de PNA tiene un perfil exclusivamente centrado en la sanción o la investigación”.
Para la articulación de la Política Nacional Anticorrupción, se propone avanzar en el desarrollo de cuatro principios transversales: la coordinación de las instituciones públicas, el respeto a los derechos humanos, la apertura de las instituciones del Estado y el aprovechamiento tecnológico.
El plan presenta, para cada una de las 60 propuestas en el combate a la corrupción, un conjunto de atributos mínimos que sirvan como referente para su implementación, así como un marco de tiempo para llevarlas a cabo.
“Cada uno de estos elementos se fortalecerán al momento de definir las rutas de implementación, lo cual implicará el involucramiento de potenciales actores responsables, así como la conjunción de recursos financieros y humanos disponibles”, señala el texto.
