El último día del 2021, se publicó una reforma al Reglamento de la Secretaría de Bienestar para que las funciones del Indesol sean ahora desarrolladas por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la propia Secretaría.
El Indesol era un órgano desconcentrado de conformidad con el Acuerdo que lo creó en julio del 2005. El antecedente había sido el Insol (Instituto Nacional de Solidaridad) cuya función original fue la de capacitar a la sociedad civil para propiciar su participación activa en beneficio de la comunidad.
Visto en el contexto de la globalización, hace décadas que empezaron a surgir las llamadas Organizaciones no Gubernamentales para coadyuvar con los Estados en aquellas funciones en las que se veían rebasados y también para ser contrapesos en algunas acciones públicas. Así nacieron, por ejemplo, Greenpeace o WWF en materia ambiental o Amnistía Internacional en temas de derechos humanos. Las actividades de estas ONG’S, desde el inicio, fueron más allá de las fronteras nacionales. Su presencia se hizo sentir en Foros paralelos en las grandes Cumbres como la de Río de Janeiro en 1992.
En el caso de México, las organizaciones de la sociedad civil que empezaron a constituirse, tuvieron que ver con temas locales como las desapariciones de los años 70’s, por ejemplo, el Comité Eureka fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra es emblemático.
Dependiendo de la coyuntura, la sociedad civil organizada fue tomando banderas, trazando objetivos y realizando acciones en temas de salud sexual y reproductiva, personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes; no discriminación, violencia contra las mujeres, migrantes, etc. No se trataba ya, como en los viejos tiempos de Romero de Terreros o de Concepción Béistegui de obras de beneficencia o caridad. Se trataba más bien de cómo coadyuvar al ejercicio de los derechos, sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad y de cómo mantenerse atento y crítico a las labores del Estado en cuanto a la planeación e instrumentación de sus políticas públicas.
Sumar a la sociedad civil tenía que ver con las propias capacidades del Estado y su imposibilidad material de garantizar el ejercicio de todos los derechos que se fueron reconociendo en la segunda mitad del siglo XX y que conocemos como Desca. Estos derechos, requieren de acciones y políticas públicas que implican un hacer y un dar por parte del Estado. Desde el Gobierno, se buscó fortalecer la capacidad de incidencia pública de estas organizaciones que fueron creciendo hasta llegar a alcanzar, de acuerdo con el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, un total acumulado de más de 46 mil.
Hasta en tanto las Leyes de Desarrollo Social y la Ley de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil no sean modificadas, hay funciones que de alguna manera tendrán que ser retomadas por la Secretaría de Bienestar, aunque no aparezcan ya en el Reglamento Interior.
Si en algún lugar son visibles las acciones de las organizaciones de la sociedad civil es a nivel local, municipal y comunitario. Las tareas hasta hoy desarrolladas no pueden truncarse; necesitan seguir encontrando cauces institucionales nacionales o internacionales. Se trata de sumar esfuerzos para asumir, conjuntamente, la responsabilidad mayúscula que implica la garantía plena del ejercicio de todos derechos para todas las personas.