A nivel global la problemática por la escasez y calidad del agua constituye un tema de urgente atención. Lo que sucede en el país no es menor.
La Academia Mexicana de Ciencias afirma que la escasez de agua afecta a 35 millones de personas, destacando la poca disponibilidad tanto en cantidad como en calidad.
Por su parte, el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) indica que los problemas de disponibilidad afectan a 104 de las 757 cuencas hidrológicas y 286 de los 653 acuíferos, de los cuales 114 están afectados por sobreexplotación. En consecuencia, la disponibilidad del agua per cápita de 1950 hasta 2017 disminuyó 80 %, lo que da cuenta de la crisis hídrica.
Bajo esta realidad, la presente administración tiene el irrevocable compromiso de transitar hacia un nuevo modelo que busque la preservación integral del medio ambiente, la adaptación y mitigación del cambio climático, el desarrollo económico incluyente, así como el bienestar social con pleno respeto a los derechos humanos.
Un primer paso para atender integralmente la problemática es asumir que el sector hídrico en México enfrenta una gestión limitada de las aguas superficiales y subterráneas, así como contaminación del agua y falta de pago por servicios ambientales.
La mayoría de los cuerpos de agua superficiales del país reciben descargas de aguas residuales sin o con insuficiente tratamiento, lo que ocasiona distintos tipos de contaminación en prácticamente todos los cauces, basta decir que 30 % de los principales ríos monitoreados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentran altamente contaminados.
Además, históricamente la distribución del agua en el país ha sido desigual, por lo que una de las prioridades es corregir dicho desequilibrio.
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad constituye un instrumento fundamental, ya que el Gobierno Federal, los gobiernos de las 32 entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales, los representantes de los sectores agrícolas, pecuario e industrial, social y académico acordaron adoptar e implementar, desde el ámbito de sus competencias, acciones estratégicas a fin de atender el estrés hídrico que vive nuestro país, donde garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente en un prioridad.
Para ello, es necesario, entre otros aspectos, hacer eficiente el uso del agua en los procesos productivos de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias, así como invertir en los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura.
Por otro lado, la realización de 13 foros Transformando el Régimen del Agua en México, celebrados en las regiones hidrológicas del territorio nacional, con el propósito de generar un espacio de diálogo abierto en torno a la creación de una nueva Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, han sido de vital importancia, pues se escucharon las voces de todos los sectores involucrados en la gestión y uso del agua, así como a las personas interesadas en construir el futuro hídrico de México.
No obstante, las diferentes realidades y problemáticas de cada región, existe un común denominador: la urgencia de adoptar medidas para garantizar la preservación y el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Los resultados de los foros serán la base del nuevo marco normativo que se presentará al Congreso de la Unión, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad nacional y sus diferentes sectores, garantizando sostenibilidad, equidad y transparencia en la gestión del agua.
