La SRE anunció la presentación de una demanda ante las instancias judiciales norteamericanas, contra 11 empresas fabricantes de armas por su comercio “negligente”. También afirmó que más de medio millón de armas se trafican anualmente hacia México y que el daño causado es aproximadamente del 2% del PIB.
Debe haber alegría por esa acción legal, cualquier decisión de este calado requiere decisión y voluntad política, además de un trabajo previo exhaustivo, de ahí que resulten algunas inquietudes pudieran sumar al éxito de este desafío que México enfrenta.
Un antecedente es la resolución del máximo tribunal alemán en contra de la fábrica de armas Heckler & Koch, por la exportación ilegal de fusiles de asalto a México. La controversia fue planteada por organizaciones de la sociedad civil afirmando que indebidamente el fabricante había vendido armamento aunque existía prohibición judicial sobre su distribución en algunas entidades, lo que provocó a la postre graves violaciones a derechos humanos. Se desconoce por qué se optó por demandar a las empresas privadas en la vía civil ante una corte norteamericana, en lugar de usar las instituciones del derecho internacional y demandar al Estado norteamericano la imposición de medidas efectivas.
En su defensa, las empresas han señalado que es responsabilidad del gobierno mexicano el tráfico ilegal de armas que afecta y que las verdaderas causas son la corrupción, impunidad y violencia que padecemos.
La resolución estará en manos de autoridades judiciales de Boston, donde México enfrentará acusaciones de corrupción y crimen organizado como la causa generadora del tráfico, y será ese el tema que se discuta. En el caso alemán el país fue imputado de falsificación de documentos, pero sí se condenó a la empresa por la violación a las obligaciones legales y de cuidado que debería tener en la venta de armamento con restricción; se impusieron medidas efectivas y no se cuestionaron los problemas de criminalidad.
El problema con la demanda es que por un lado conllevará que sea una corte extranjera la que efectúe la valoración de la política y actuación del Estado mexicano frente a la delincuencia y, por otra parte, la misma instancia judicial cuantificará los daños al Estado mexicano por las omisiones de los fabricantes; daños que serán muy difíciles de probar y cuantificar. Si hubieran demandado las víctimas, el daño estaría probado y la obtención de medidas que frenen el contrabando de armas sería más factible, como fue en Alemania.