Las empresas de subcontratación legales que cumplen con todos sus compromisos laborales y fiscales podrían ampararse en caso de que se apruebe la iniciativa que prohíbe su actividad, explicó Hugo Hernández, socio del despacho de abogados Hogan Lovells.
El experto dijo que pueden recurrir a esta acción si consideran que sus derechos constitucionales son afectados; sin embargo, eso va a depender de cómo quede el texto final,
“Si los afectados consideran que están siendo vulnerados sus derechos podrían ir a un juicio de amparo que habría que revisar.
No es una cuestión que en estos momentos pueda afirmar, si cabe el amparo, porque no es una ley y hasta que no salga el texto final de la ley habrá que analizar si hay posibilidades de presentar una demanda o no”, dijo.
En su opinión, la demanda de amparo puede ser contra la ley o ciertos actos que causen perjuicio, pero la única acción que se podría tener en ese sentido sería si están vulnerando derechos de una empresa.
“Va a depender mucho de cómo quede el texto final de la reforma, si ese texto afecta derechos constitucionales puede ser tachado de inconstitucional, puede haber un amparo para que no afecte a personas, los quejosos en este caso”, agregó.
