Durante la administración federal anterior la Conferencia Nacional de Gobernadores pidió al Gobierno Federal hacer de la seguridad en la frontera sur del país parte fundamental y permanente en la estrategia nacional de su lucha contra la delincuencia y crimen organizado. En una reunión ordinaria, plantearon el despliegue de más fuerzas federales a lo largo de los dos mil 149 kilómetros que conforman la línea divisoria a fin de que, en coordinación con autoridades estatales y municipals de entonces, se garantizara la seguridad de la región.
A nombre de los estados que integran la Comisión para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur-Sureste de ese organismo surgido hace trece años, el vecino Tabasco se unió a la solicitud para reforzar la zona limítrofe del país a la que se le consideraba una de las zonas más peligrosas del mundo. Sostenía que Estados Unidos había puesto ese adjetivo al señalar que por ella ingresa casi toda la cocaína que llega a ese país y cerca de la mitad de todas las armas que se introducen a México, lo cual sin embargo parece inexacto.
Se argumentaba que los gobiernos estatales de la zona habían emprendido acciones coordinadas con la Federación y dado seguimiento a los compromisos asumidos. Se proponía además poner en marcha bases de operaciones conjuntas de fuerzas federales y estatales en lugares estratégicos de la zona, integrar un grupo de coordinación regional con la participación de los tres órdenes de gobierno para el diseño de estrategias en el combate a la delincuencia, así como el establecimiento de pasos migratorios bien ubicados, con infraestructura y el equipo requerido. Se habló de la necesidad de aprobar reformas a la Ley de Seguridad Publica Nacional para la creación de una policía fronteriza.
Lo anterior reflejaba la preocupación ante actividades del crimen organizado. Sobre la región, la Comisión de la Sociedad Interamericana de la Mujer, de la Organización de Estados Americanos, llegó a recomendar que se reglamentara la Ley de Migración que recién había promulgado el entonces presidente Felipe Calderón.
La frontera sur de México con Guatemala abarca 956 kilómetros y en ellos sólo había ocho pasos legales, mientras que la frontera con Belice abarca 193 kilómetros y sólo un paso legal.
Independientemente de esta información, es de todos conocido que la frontera chiapaneca con Guatemala es una región con un número indeterminado de pasos informales, pero además, la presencia en el lado mexicano de comunidades hostiles a las autoridades hace todavía más complicado tener un control.
Guatemala ya era un “foco rojo” antes de 2007, sobre todo la zona de El Petén, donde ese año ocurrieron hechos que entonces llamaron la atención. De acuerdo con diversas fuentes, ese país del sur se ha tornado en un lugar problemático debido a que paralelo a la presión social, se ha reducido el número de sus fuerzas armadas, lo que ha creado un vacío en seguridad, particularmente en esa región que colinda con Chiapas.
La situación vista desde los medios es para llamar la atención. Comunidades indígenas creadas en las década de los años 80 como Nuevo Progreso, difícilmente pueden decir algo al más enterado de los funcionarios en las cabeceras municipales de la región, pues ni cuenta con carretera. Y no es la única en esa zona, de las que poco se conoce. Otros puntos cercanos a los pasos informales en los que sí transitan vehículos también son referentes.
Por ello las acciones que se ponen en marcha en esa vasta zona son positivas, tanto por la vecindad que se tiene como por la presencia de comunidades de las que poco se sabe.
